La Junta de Portaveus aprova una declaració institucional de suport als denunciants de corrupció
La Junta de Portaveus, celebrada el passat 3 d’abril, va aprovar una declaració institucional presentada per VoleMataró, a petició de la Plataforma per la Honestedat, per donar protecció legal i restablir els drets socials, jurídics i laborals dels denunciants de casos de corrupció que s’han anat produint a tot l’estat. La proposta es va aprovar amb els vots favorables d’ERC, Ciutadans, CUP i EUiA i l’abstenció del PSC, CiU, PP i PxC.
El text íntegre de la declaració institucional, de la qual es va donar compte al Ple del 6 d’abril, és el següent:
“Si bien dentro de los 107 resultados a la palabra corrupción, de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, no define qué es corrupción, tomemos como base la definición realizada por la Real Academia de la Lengua, que dice que en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Especialmente en las organizaciones públicas, pero no exclusivamente.
La citada Convención fue hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003, si bien no fue hasta el día 16 de septiembre de 2005, que el Plenipotenciario de España nombrado en buena y debida forma al efecto, la firmara en Nueva York y a su vez ello no fue Publicado en «BOE» hasta el 19 de julio de 2006.
Si casi tres años después de su adopción por las Naciones Unidas no es publicada en el BOE, no es de extrañar que a día de hoy no se hayan dado solución legislativa, entre otros, a los artículos 32 y 33 sobre Protección de testigos, peritos, víctimas y Protección de los denunciantes, respectivamente.
La corrupción tiene consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia, vicia el estado de derecho. La corrupción, generalizada o no, es otra de las silenciosas violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida de los denunciantes, y genera amenazas a la integridad y seguridad humanas.
La presente Institución debe mostrarse unida y decidida a impedir la aparición de la corrupción, y a luchar contra ella con los medios con los que dispone cuando ésta aparece. Tenemos un mandato de nuestra sociedad, que nos ha empoderado en la lucha contra los corruptos, y no podemos seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública respecto la cosa pública.
Reiteramos la importancia de preservar valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo comunitario. Asumimos el reto de hacer que nuestra ciudad sea un lugar mejor para todas las personas, y cuando decimos todas, incluimos necesariamente a aquellas que han llevado la honestidad y defensa de lo público al límite de su propia subsistencia, psicológica, monetaria y vital.
Una sociedad que se considere avanzada ha generado deudas hacia aquellas personas que hoy día se encuentran en situación de desamparo legal como denunciante de corrupción. Son casos mediáticos a nivel estatal el de Ana Garrido, de actualidad debido al enjuiciamiento de la Gurtel; el del exteniente del ejército Luis Segura, expulsado por narrar en libertad la corrupción dentro de la institución militar; y el de Azahara Peralta, denunciante del caso Acuamed. Estos casos públicos nos acercan una realidad que solo ellos pueden explicar, pero encuentran sinergias con otros a nivel internacional, el más conocido el de Eduard Snowden. Este caso nos ha sonrojado y demostrado cómo una Administración corrompe la tecnología para coartar nuestras libertades, dicen que en beneficio de nuestra seguridad; pero estos casos, y otros no públicos tienen un denominador común: a nivel legislativo no han producido ninguna reacción positiva. Más bien al contrario, han generado contra reformas que ahondan más en la represión y menos en la prevención.
Son muchas las voces que claman por una normativa básica estatal que reconozca la figura del denunciante de casos de corrupción, que definan a modo de estatuto sus derechos, deberes y situaciones contractuales o funcionariales es en las que quedarían, una vez admitida a trámite, las denuncias. Una normativa básica que cree un observatorio para la corrupción y permita a nivel local la creación de Oficinas municipales Anticorrupción. Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos, Estados, Comunidades Autónomas y Entes Locales, y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, como por ejemplo la Plataforma por la Honestidad.
Por todo lo expuesto, convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local, para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, queda justificada ampliamente la presentación de esta declaración institucional, que en si misma es un alegato a la defensa del estado de derecho, las libertades públicas e individuales, por lo que el grupo municipal de VOLEMataro. Solicita al pleno del Ayuntamiento de Mataró la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. El Ayuntamiento de Mataró Se muestra favorable dando soporte, al desarrollo de una Ley Orgánica que defina el Estatuto del denunciante de casos de corrupción, que al menos las siguientes 4 secciones, aplicables tanto a nivel internacional como a nivel nacional a través de un “Observatorio de la Corrupción”, regulando la reserva de la identidad del denunciante, y que desarrolle los artículos 32 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la CORRUPCIÓN
1.- Compensación.
El Estado deberá compensar a dichos denunciantes con unos ingresos que le permitan comida, ropa, vivienda y atención médica y psicológica, mientras estén abiertos los procedimientos judiciales derivados de sus denuncias, así como en el futuro si se ven despojados de su medio de vida como consecuencia de su denuncia, hasta que recompongan sus vidas por lo menos al mismo nivel del que gozaban antes de denunciar.
2.- Protección legal.
En la mayoría de los casos, los denunciantes ni siquiera tuvieron una ayuda legal básica, por ello el Observatorio de la Corrupción en España prestará toda la ayuda legal necesaria para protegerse de autoridades hostiles.
3.- Censura.
–Observatorio de la Corrupción en España- dispondrá de un equipo de expertos para verificar la información denunciada y la publicará junto con su análisis pericial en un sitio web totalmente protegido. Este equipo será anónimo y formarán parte de él una comisión impar con técnicos diversos (juristas, urbanistas, médicos, economistas, etc.) que rinda cuentas cada año a la Fiscalía Anticorrupción, a la UCO y al Defensor del Pueblo.
4.- Aplicación.
Al objeto de incumplimiento de la ley de Protección al Denunciante de Corrupción, se proponen una vía de sanción económica a través del Tribunal General de la Unión Europea. A nivel nacional, inhabilitación para cargo público y multa (en cuantía a determinar en proporción a cuanto mayor el cargo mayor la multa) a los directivos y políticos que incumplan dicha Ley.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Mataró mediará a través de las herramientas existentes y si hubiese la posibilidad de incluir en una bolsa de trabajo a los denunciantes residentes en su municipio, tras haber constatado la imposibilidad de reinserción en sus trabajos o en otros de su categoría, requiriendo para ello la financiación del Estado en previsión al apartado 2 del punto 3º, con todos los requisitos establecidos y garantías de la normativa laboral y seguridad social.
TERCERO. El Ayuntamiento, enterado de los casos públicos de la ex funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla, Ana Garrido, de la exdirectora de los trabajos de descontaminación de Flix, Azahara Peralta, y del exteniente Luis Gonzalo Segura, muestra su solidaridad hacia ellos, y el resto de los casos similares no tan públicos, (valorando encomiable el trabajo de la Plataforma por la Honestidad en defensa del estado de derecho y de las libertades individuales.)
QUARTO. Dar traslado de los anteriores acuerdos a la Mesa del Congreso de los Diputados, al gobierno de la nación, a la Federación de Municipios, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y a la Plataforma por la Honestidad.”